María José Santiago Fernández, presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía.

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) andaluz, tras la suspensión temporal que aprobó en 2013, suspende de forma definitiva las licitaciones y los pliegos del acuerdo marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, es decir, de equivalentes o alternativas terapéuticas.

De esta manera, el tribunal estima de forma parcial el recurso que Farmaindustria, la patronal del medicamento innovador, interpusiera por el citado concurso, que la Junta de Andalucía había valorado en unos 241 millones de euros. Según la resolución, a la que ha tenido acceso esta publicación, los criterios de adjudicación adolecen de deficiencias y estarían vulnerando los principios de igualdad de trato de las compañías que quisieran competir en cada una de las categorías, incurriéndose en nulidad de pleno derecho.

Según el documento, en la medida en que en los pliegos se comparan proposiciones técnicas sobre objetos (principios activos) diferentes, no puede existir una igualdad de trato entre los licitadores, puesto que esa igualdad sólo existiría si las proposiciones a valorar lo fueran sobre un mismo principio activo.

Con todo, el propio tribunal advierte de que “la respuesta a si determinados principios activos que se han de suministrar son equivalentes o no, es una cuestión técnica, no jurídica”, y no entra en esta cuestión.

A la espera

Farmaindustria, contactada por esta publicación, hace una lectura positiva de la resolución, aunque la patronal reconoce que quiere analizar más en detalle el texto y está a la espera de próximos movimiento de la Junta en materia de equivalentes terapéuticos.